Desde siempre se hace humor y sátira sobre las personalidades públicas, actualmente muy difundidas sobre las redes sociales a través de los denominados «memes». El tema es saber, ¿existe algún límite sobre el cuál se puede «hacer» humor?
La libertad de expresión es la piedra angular de las sociedades democráticas, es un derecho constitucional, reconocido principalmente en el art. 13 de la Convención Americana por los Derechos Humanos, que forma parte de nuestra Constitución Nacional. Asimismo, la propia Constitución y la Convención regulan el derecho a la honra y a la intimidad.
El carácter de funcionario público o de personalidad pública es un indicador que permite presuponer la relevancia para el debate público, habilitando las críticas corrosivas e irónicas sobre esa persona pública. No obstante, esto genera incomodidades involucrando a la prensa, redes sociales y las figuras públicas. Un debate entre el humor y la moral.
Sobre el derecho al honor se sostiene que las expresiones concernientes a la idoneidad de una persona para el desempeño de un cargo público o a los actos realizados por funcionarios públicos en el desempeño de su función deben tener mayor protección de manera tal que dichas expresiones propicien un mayor debate democrático.
Asimismo, si bien no caben dudas acerca del derecho que tiene toda persona a resguardar su intimidad, cuando se trata de una persona pública, su imagen está más expuesta y evidentemente invadida su privacidad. La jurisprudencia ha admitido distintos ámbitos de protección, tratándose de personas públicamente conocidas. En principio, no se viola el derecho a la intimidad de los funcionarios públicos cuando la prensa da a conocer aspectos de su vida personal que son de interés público.
Es importante destacar que en Argentina en 2009 se eliminaron del Código Penal las figuras de calumnias e injurias para los asuntos de interés público.
No obstante, el acceso a la información útil y confiable es algo fundamental, porque lo contrario sería desinformación, que es información con fines de engaño y manipulación. Cuando la información falsa se esparce y viraliza en tiempo de elecciones, lo que peligra es la democracia. Es derecho de toda la ciudadanía acceder a información veraz, eso garantizado por nuestra Constitución Nacional.
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