El jueves 18 de noviembre la Cámara de Diputados de la Nación le dio sanción a la “Ley Yolanda” que tiene como objeto garantizar la formación integral en temáticas ambientales, con perspectiva de desarrollo sostenible y con especial énfasis en cambio climático, para las personas que se desempeñen en la función pública.
La Ley recibe su nombre en honor a Yolanda Ortíz, quien estuvo a cargo del primer organismo con competencia ambiental de la Nación, la entonces llamada Secretaría de Estado de Recursos Naturales y Ambiente Humano, creada en 1973. Hasta su muerte, ocurrida el año pasado, siguió trabajando como consultora ad honorem del COFEMA y es reconocida como una pionera de las causas ambientales y la necesidad de su abordaje transversal desde la gestión pública.
La capacitación a la que obliga la Ley está dirigida a todas las personas que se desempeñen en la función pública, en todos sus niveles y jerarquías, en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.
La autoridad de aplicación deberá establecer los lineamientos que los distintos organismos deberán abordar en sus cursos de formación, los que deberán incluir como mínimo los siguientes contenidos: cambio climático, protección de la biodiversidad y los ecosistemas, eficiencia energética y energías renovables, economía circular y normativa ambiental.
La ley expresa que los lineamientos generales deben contemplar la dimensión de la sensibilización además de la transmisión de conocimientos, esto implica también garantizar en el marco de las capacitaciones el espacio para la reflexión y comprensión de la perspectiva ambiental.En la elaboración de los lineamientos se garantizará la participación de la ciencia, la sociedad civil y sus organizaciones, que seguramente enriquecerán los contenidos con sus experiencias de lucha y defensa territorial.
Inspirada en la ley “Micaela” 27.499, reconoce la transversalidad de la problemática ambiental, por eso la capacitación se dirige a todos los organismos del estado, y la imperiosa necesidad de modificar los paradigmas que desembocaron en la crisis socio ambiental que atraviesa el planeta. Funcionarios que comprendan la complejidad ambiental, la interdependencia de los distintos componentes de un ecosistema, seguramente se encontrarán más capacitados para generar políticas públicas y leyes que respeten la vida de todos los seres, eviten el daño y hagan posible un desarrollo sostenible.
Yolanda Ortiz, 2013, extracto de entrevista a Página 12.
“Tanto en la planificación como en la gestión debe tenerse en cuenta esta complejidad de lo ambiental, pero es lo ambiental lo que rige, lo que actúa transversalmente en todas las otras administraciones del Estado, por eso tiene que haber una articulación. El ejercicio de la política ambiental tiene una pasividad que realmente está lejos de cumplir con todo lo que tiene en su esencia y en su definición misma, porque no hay conciencia de la importancia que tiene. Es necesaria y urgente una revolución mental, ahora hay que buscar nuevos modelos de producción y de consumo, y mejorar las relaciones de la sociedad con la naturaleza, y de los hombres entre sí. Para cambiar hay que darse cuenta. “